El organismo contralor dio a conocer un nuevo consolidado sobre servidores públicos suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos. A nivel nacional se identificaron 485 funcionarios, mientras que el SLEP de Aysén aparece entre las entidades que registran casos con suspensiones superiores a un año.
La Contraloría General de la República dio a conocer este 21 de septiembre el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, referido a servidores públicos que permanecen suspendidos preventivamente mientras se desarrollan sumarios administrativos iniciados entre 2020 y marzo de 2026.
De acuerdo con los antecedentes divulgados por el organismo fiscalizador, 485 funcionarios públicos se encontraban suspendidos preventivamente, tras recopilar información de 662 entidades públicas. La consulta fue remitida originalmente a 669 organismos, sin incluir municipalidades.
En el caso de la Región de Aysén, el informe identifica al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Aysén con tres funcionarios suspendidos preventivamente por un período superior a un año.
El organismo aparece en el listado de entidades con mayor cantidad de funcionarios que superan dicho período de suspensión, junto a otros servicios públicos del país.
Es importante precisar que el consolidado difundido no identifica a los funcionarios del SLEP de Aysén, tampoco señala en la información publicada las causas específicas de sus respectivos sumarios ni establece responsabilidades administrativas individuales. Asimismo, la tabla únicamente permite determinar que los tres casos superan un año de suspensión, sin precisar en esa sección la duración particular de cada uno.
Contraloría ordena adoptar medidas
A nivel nacional, el documento advierte sobre extensos períodos de tramitación. De los 485 casos informados, 13 funcionarios registran suspensiones de cuatro años o más, mientras otros 17 permanecen suspendidos entre tres y cuatro años.
Esto implica que existen 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años, los cuales deberán ser remitidos a la Contraloría dentro de cinco días hábiles. El organismo continuará su tramitación y analizará además una eventual responsabilidad de las autoridades que ordenaron los procedimientos y no controlaron oportunamente su demora.
Para los organismos que mantienen funcionarios suspendidos por más de un año, la Contraloría instruyó que, dentro de 15 días hábiles, deberán informar a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) la resolución que haya puesto término al sumario o aquella que fundamente la continuidad de la suspensión preventiva y las medidas adoptadas para agilizar el procedimiento.
En el mismo plazo deberán iniciar procedimientos disciplinarios destinados a determinar eventuales responsabilidades asociadas a las demoras en la tramitación.
$671 millones en remuneraciones
El consolidado señala además que el Fisco habría desembolsado aproximadamente $671,4 millones en remuneraciones correspondientes solamente a los diez funcionarios que presentan los períodos de suspensión preventiva más prolongados del país.
La suspensión preventiva contemplada en un sumario administrativo no implica por sí misma la existencia de una sanción definitiva, y los funcionarios continúan percibiendo remuneraciones mientras se mantiene dicha medida.
Entre los antecedentes adicionales detectados por Contraloría se encuentran funcionarios suspendidos que habrían desarrollado otras actividades remuneradas, casos de salidas al extranjero estando con licencia médica y otras situaciones que serán objeto de investigaciones específicas. El material difundido no vincula esos hallazgos adicionales con los tres funcionarios del SLEP de Aysén, por lo que no corresponde atribuirles esas conductas.
