Por Redacción Aysén Ahora
Durante los últimos meses, diversos comerciantes de Puerto Aysén han manifestado su preocupación por la forma en que se desarrollaron algunos procedimientos policiales en sus establecimientos.
Las situaciones corresponden a hechos distintos, ocurridos en diferentes fechas y bajo circunstancias particulares. En algunos casos derivaron en reclamos administrativos; en otros, las denuncias terminaron siendo desestimadas por el Juzgado de Policía Local, mientras que un procedimiento reciente concluyó con la verificación de que los antecedentes tributarios acreditaban la legalidad de los productos fiscalizados.
Aysén Ahora recopiló testimonios de los afectados, revisó documentación relacionada con estos casos y conversó con el mayor de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, Patricio Parada Cerda, quien entregó la posición institucional respecto de las inquietudes planteadas por algunos comerciantes.
Un elemento común aparece en todos los testimonios: ninguno de los comerciantes consultados busca cuestionar la labor de Carabineros de Chile como institución. Por el contrario, reconocen la importancia de la prevención y de las fiscalizaciones para el resguardo del orden público, pero consideran que algunos procedimientos merecen ser revisados para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Caso 1: Minimercado El Gauchito
Uno de los antecedentes conocidos por Aysén Ahora corresponde a una fiscalización realizada al Minimercado El Gauchito, establecimiento autorizado para el expendio de bebidas alcohólicas.
Durante el procedimiento se constató que el local no mantenía instalado el letrero obligatorio exigido por la Ley de Alcoholes, motivo por el cual se cursó la correspondiente infracción.
La propietaria explicó que el negocio había sido trasladado recientemente a una nueva ubicación y que aún se encontraba realizando adecuaciones propias del cambio, razón por la cual el letrero todavía no había sido instalado.
Sin embargo, aclara que nunca cuestionó la infracción ni las facultades legales de Carabineros para fiscalizar.
Su molestia apunta exclusivamente a la forma en que —según relata— se desarrolló el procedimiento.
La comerciante sostiene que el funcionario mantuvo un trato poco respetuoso y que, cuando manifestó su intención de presentar un reclamo institucional por la forma del procedimiento, habría recibido una advertencia respecto de una eventual detención.
Estos antecedentes forman parte de una presentación realizada posteriormente por representantes del comercio local, quienes solicitaron revisar institucionalmente este tipo de actuaciones.
Caso 2: Minimarket Bejanko
El caso más reciente corresponde al Minimarket Bejanko.
Su propietaria, Ana María Fuentes, relató a Aysén Ahora que funcionarios policiales concurrieron a fiscalizar la venta de cigarrillos.
Según su versión, colaboró mostrando toda la mercadería y las facturas de compra.
Durante la revisión, los funcionarios estimaron que las cajetillas de la marca Fox no contaban con el sello correspondiente, por lo que inicialmente se presumió un eventual delito relacionado con contrabando.
La comerciante fue conducida hasta la unidad policial mientras se verificaban los antecedentes.
Posteriormente, la empresa distribuidora remitió nuevamente las facturas y la documentación tributaria, verificándose que los productos correspondían a mercadería adquirida legalmente.
Ana María sostiene que recibió disculpas por lo ocurrido, aunque considera que el daño a la imagen de su negocio ya estaba hecho.
“Todos me vieron cuando me subieron al carro policial”, afirma, agregando que decidió hacer pública su experiencia para limpiar el nombre de su local y evitar que otros comerciantes enfrenten una situación similar.
Caso 3: Una denuncia desestimada por el Juzgado de Policía Local
Otro de los antecedentes recopilados por Aysén Ahora corresponde a un procedimiento efectuado en un local autorizado para el expendio de bebidas alcohólicas de Puerto Aysén.
Durante la fiscalización, Carabineros denunció una presunta conexión entre el establecimiento y una casa habitación, situación que constituiría una infracción a la Ley N.º 19.925.
Los responsables del establecimiento sostuvieron desde un comienzo que ambas dependencias eran completamente independientes y que no existía comunicación interior entre ellas.
El caso fue conocido posteriormente por el Juzgado de Policía Local de Puerto Aysén, que analizó los antecedentes y realizó una inspección del inmueble.
Finalmente, el tribunal resolvió no hacer lugar a la denuncia y absolvió al comerciante, señalando que no existían antecedentes suficientes para acreditar la infracción denunciada y dejando constancia de que el propietario había actuado de buena fe.
Tras conocerse la resolución, los responsables del establecimiento presentaron un escrito solicitando revisar el procedimiento policial, precisando expresamente que su intención no era cuestionar la labor institucional de Carabineros, sino contribuir a mejorar la forma en que se desarrollan las fiscalizaciones.
Caso 4: Café Irlandés
El cuarto caso corresponde a una fiscalización realizada al Restaurant Café Irlandés.
En esa oportunidad se cursó una infracción por estimarse que el establecimiento mantenía conexión con una casa habitación.
La propietaria sostuvo desde el inicio que el segundo nivel del inmueble correspondía exclusivamente a una bodega destinada al funcionamiento del local y no a una vivienda.
Posteriormente presentó un reclamo formal respecto de la forma en que se desarrolló el procedimiento, solicitando que éste fuera revisado administrativamente.
Este caso presenta similitudes con otro procedimiento abordado en este reportaje, relacionado con un establecimiento de expendio de alcoholes, ya que en ambas situaciones el tribunal competente revisó los antecedentes y finalmente desestimó las denuncias cursadas por Carabineros. En ambos casos, fue el Juzgado de Policía Local el que concluyó que no correspondía aplicar las infracciones, resolviendo absolver a los comerciantes involucrados.
Para los afectados, estas resoluciones evidencian la importancia de que las fiscalizaciones cuenten con una adecuada verificación de los antecedentes antes de cursar una denuncia. Por su parte, Carabineros sostiene que su obligación es poner en conocimiento del tribunal aquellos hechos que estima podrían constituir una infracción, siendo finalmente el juez quien determina si ésta efectivamente se configura.
La respuesta de Carabineros
Consultado por Aysén Ahora, el mayor de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, Patricio Parada Cerda, señaló que la institución ha sostenido reuniones con la Cámara de Comercio y con comerciantes que manifestaron inquietudes respecto de algunos procedimientos.
Indicó que la intención de Carabineros ha sido escuchar estas preocupaciones y fortalecer el trabajo preventivo junto al comercio local.
Respecto de las fiscalizaciones a locales de alcoholes, explicó que la Ley N.º 19.925 obliga a controlar diversos aspectos del funcionamiento de estos establecimientos y que, cuando un funcionario detecta una posible infracción, tiene la obligación legal de poner los antecedentes en conocimiento del Juzgado de Policía Local.
Agregó que corresponde exclusivamente al tribunal determinar si la infracción denunciada finalmente se configura o no.
En relación con el caso del Minimarket Bejanko, el mayor precisó que la comerciante no fue detenida, sino conducida hasta la unidad policial para verificar antecedentes relacionados con la comercialización de cigarrillos.
Explicó que, una vez acreditada la adquisición legal de los productos mediante la documentación tributaria correspondiente, no existió delito que informar al Ministerio Público.
Asimismo, informó que la unidad ofició tanto al Servicio de Impuestos Internos como a la Seremi de Salud para obtener un pronunciamiento oficial respecto de la marca de cigarrillos involucrada, con el objetivo de contar con mayores antecedentes para futuras fiscalizaciones.
El oficial agregó que, más allá del resultado de una fiscalización, el trato hacia las personas debe ser siempre respetuoso.
“Nuestros funcionarios están conscientes de que la forma de interactuar con las personas tiene que ser respetuosa”, señaló, agregando que esa instrucción se reitera permanentemente al personal policial.
Finalmente, confirmó que dispuso el inicio de un proceso interno de investigación para esclarecer cómo se desarrolló el procedimiento relacionado con la fiscalización de los cigarrillos y determinar si éste se ajustó plenamente a derecho o si existió alguna eventual negligencia por parte de funcionarios policiales.
Una oportunidad para fortalecer la confianza
Los antecedentes recopilados muestran que existen diferencias de percepción entre algunos comerciantes y la institución policial respecto del desarrollo de determinados procedimientos.
Mientras los locatarios sostienen que algunas actuaciones pudieron desarrollarse de una forma distinta y con una mejor verificación de antecedentes, Carabineros reafirma que las fiscalizaciones responden a obligaciones legales y que corresponde a los tribunales resolver cuando existe controversia sobre una eventual infracción.
El anuncio de una investigación interna, junto con el compromiso de reforzar las instrucciones relacionadas con el trato hacia la ciudadanía y el diálogo permanente con la Cámara de Comercio, aparece como un paso relevante para esclarecer los hechos y fortalecer la confianza entre el comercio local y la institución.
Más allá de las diferencias de interpretación en algunos procedimientos, tanto comerciantes como Carabineros coinciden en un objetivo común: contar con una comuna más segura, donde la prevención, el respeto y el cumplimiento de la ley sean los pilares de la relación entre la autoridad y la comunidad.
