Hace más de 18 meses se conoció la muerte de dos ballenas jorobadas en áreas protegidas de Aysén y Magallanes, lo que motivó a Greenpeace a presentar dos querellas invocando delitos ambientales recientemente incorporados a la legislación chilena.
Las investigaciones han evidenciado graves falencias institucionales: ambas ballenas fueron halladas dentro o cerca de centros salmoneros, con lesiones compatibles con causas antropogénicas asociadas a la acuicultura. Sin embargo, las necropsias fueron encargadas por las propias empresas involucradas a profesionales externos, manipulando tempranamente los cuerpos y comprometiendo la imparcialidad de la evidencia. Estas diligencias habrían sido autorizadas por Sernapesca, reflejando falta de protocolos, recursos y coordinación con las policías y Fiscalía, única institución facultada para autorizar la manipulación de evidencia clave.
En el caso de la ballena hallada en el centro Muñoz Gamero 1, de Australis Mar, la empresa ha presentado múltiples informes para descartar su responsabilidad, pero ha sido incapaz de presentar los antecedentes solicitados por la Fiscalía, como los registros de cámaras de seguridad del suceso.
A más de un año y medio de los hallazgos, las investigaciones siguen activas y sin responsables claros, pese al consenso de que ambas muertes fueron causadas por actividades humanas vinculadas a la acuicultura. Urge contar con protocolos claros y mayores recursos para garantizar justicia ambiental efectiva y que la Ley de Delitos Económicos y Ambientales no se convierta en letra muerta.
Silvana Espinosa, Greenpeace Chile
